El presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmestch, firmó hoy- viernes 31 de marzo- un convenio de colaboración interinstitucional sobre el uso y promoción del lenguaje claro. Acuerdo que también firmaron la Cámara de Diputados, la Contraloría General de la República, el Consejo para la Transparencia, la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y la Biblioteca del Congreso Nacional.
En la ceremonia, que se realizó en el Salón de Honor del máximo tribunal, el presidente Dolmestch destacó la importancia de la utilización de un lenguaje sencillo. «Mejoras en el lenguaje, la documentación, la organización y simplificación de los trámites, redundan en un adecuado ejercicio de los derechos y deberes, y fortalecen la democracia y la confianza que debe reinar en las instituciones públicas» manifestó.
La firma del convenio contó con la presencia del Contralor General de la República, Jorge Bermúdez; el ministro y presidente de la Comisión de Lenguaje Claro de la Corte Suprema, Carlos Aránguiz; el presidente del Consejo para la Transparencia, José Luis Santa María; el rector de la Universidad Católica de Valparaíso, Claudio Elórtegui; el secretario general de la Cámara de Diputados, Miguel Landeros y el Director de la Biblioteca del Congreso, Manuel Pérez, entre otras autoridades e invitados.
Todas las autoridades firmantes coincidieron en la importancia de este compromiso que pone como centro a los ciudadanos y su derecho a comprender los documentos y funciones de las instituciones, promoviendo la transparencia, la probidad y el acceso a la información pública. En ese sentido, el ministro Hugo Dolmestch manifestó que el convenio suscrito «nos invita a trabajar de manera conjunta en la implementación de acciones orientadas a generar iniciativas, proyectos y medidas que promuevan, difundan y faciliten el uso del lenguaje claro al interior de nuestras instituciones, como también en otros organismos del Estado, con miras a constituir una Red de Lenguaje Claro. Tenemos la certeza que la firma de este acuerdo es el sello de nuestra voluntad y compromiso con la ciudadanía».
Entre los deberes que establece este convenio de colaboración están: consolidar una Red de Lenguaje Claro al interior de cada institución y a promoverla en otros órganos públicos, quienes podrán adherirse a este convenio; utilizar lenguaje claro en los documentos y/o iniciativas, escritas o audiovisuales, que emanen de las partes firmantes; promover y difundir el uso del lenguaje comprensible al interior de las entidades firmantes, como en otras instituciones públicas con las cuales se relacionen y elaborar estándares de lenguaje claro y comprensible que sean considerados por los distintos organismos del Estado en la redacción de normas y de documentos públicos.
